La salud, los jubilados y un negocio oscuro

(Por Santiago Cortez y Sofía Silvestri) Con el transcurso del tiempo, las personas van creciendo hasta llegar a la denominada tercera edad, un término antrópico social utilizado para caracterizar a los adultos mayores que se encuentran en su última etapa de la vida. Este hecho trae consigo ciertas consecuencias irrefutables, como el deterioro del cuerpo humano y, por ende, de la salud. Los cuidados se vuelven más intensivos ya que el riesgo de vida aumenta día a día.

Además de las secuelas ya nombradas, en la sociedad actual surge otro ejemplo más: el aprovechamiento llevado a cabo por algunos sectores de la población en materia económica. El principal ámbito al cual todo el mundo se redirige al plantear esta situación es la inseguridad. Pero en estos últimos años, los abuelos se han transformado en víctimas de sus respectivas coberturas médicas, como sucede con los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

A la hora de señalar cuáles son los principales focos de conflicto de los jubilados con la obra social de control estatal, la cobertura imparcial de medicamentos prepondera sobre las demás. Sin embargo, no son pocos los casos en donde una facturación incorrecta o el faltante de los mismos salen a la luz.

Pero para comenzar a desentrañar los oscuros manejos que rodean al ambiente, es necesario saber todos los requisitos obligatorios para que las personas mayores puedan acceder a estos beneficios. Gabriel Luengo, gerente de la atención al cliente competente al PAMI, aseguró: “La forma más común que tiene la obra social es a través de la  resolución 337,  la cual, entre otras cosas, detalla los medicamentos por razones sociales para todos los afiliados que no superen un haber y medio, y se dan en forma sencilla”. Prosiguiendo con la cuestión, Luengo señaló todos los requerimientos imprescindibles por parte de los jubilados para obtener la cobertura.

En el caso de hasta cinco medicamentos, deben presentar original y fotocopia de la receta de la medicación solicitada por un médico integrante  del sistema, del último recibo de cobro (o de ambos recibos, en caso de poseer Jubilación y Pensión) y de la primera y segunda hoja del DNI, además de declaración Jurada o información sumaria. En el caso de más de cinco medicamentos, a esos requisitos se suma la presentación del formulario de solicitud de cobertura por razón social.

El gerente aclaró además que, para acceder al subsidio, el afiliado no deberá superar un haber mínimo y medio. Si lo excediera, el valor de los medicamentos que consume debe superar el 5 por ciento del total de sus ingresos y deberá completar información sumaria con evaluación social.

El dilema surge cuando todos estos requisitos son cumplidos, pero la cobertura no es tal y los beneficios son imparciales o inexistentes. Respecto a la situación actual competente al ámbito local, Eugenia Espíndola, encargada de facturación en una farmacia céntrica de Rosario, aportó sus conocimientos sobre estas problemáticas. Ante la pregunta sobre cuántas recetas reciben de PAMI, la profesional contestó: “Nosotros atendemos por mes alrededor de 1200 recetas, lo cual es una cantidad bastante importante”. Además agregó que cada afiliado llega con una receta prediseñada por la obra social, con un código y el número de beneficiario. Luego de ingresar los medicamentos al sistema, el programa indica qué descuento tiene el beneficiario de acuerdo con la medicación que solicita.

Ejemplo de receta de un jubilado

“En ese paso es que comienzan los conflictos, cuando hay medicamentos a los que sólo le cubre una parte del importe”, afirmó la empleada. Informó además que muchos afiliados desconocen si la obra social le cubre el cien por ciento de la medicación. Es aquí donde surge otro núcleo de conflicto: la ignorancia por parte de los ancianos acerca de la supuesta cobertura sobre sus medicamentos. Esto desemboca en el abuso por parte de las autoridades competentes en la tarea de asegurar el cubrimiento de las necesidades medicinales de las personas mayores.

La administrativa aclaró que la medicación oncológica, para VIH y los pañales, poseen una cobertura total por parte del PAMI, ya que constituyen elementos esenciales para el normal desarrollo de la vida de éstas personas. “Sólo traen la receta y se le autoriza la medicación”, prosiguió.

“A veces es muy difícil hablar con los abuelos que tienen la mínima de jubilación y tener que decirle que están obligados a pagar hasta el 50 por ciento de su medicación, ya que uno desde su lugar de ser humano, sabe y comprende la situación en la que se encuentran”, manifestó Espíndola. Es de público conocimiento que muchos jubilados viven solamente de ese subsidio y la compra de medicamentos es un gasto muy alto para ellos, lo cual incurre en un arremetimiento directo contra su economía, pero aún peor, con su calidad de vida.

Rubén Olivari es un jubilado adherido al PAMI, residente de la zona sur de Rosario quien sufre de  osteítis deformante  (también conocida como enfermedad de Paget), que afecta a los huesos y a la capacidad motriz. Él, como tantos otros abuelos instalados en aquél sector de la ciudad, deben realizar un extenso recorrido hacia las farmacias y centros de salud, que les otorgan los medicamentos supuestamente cubiertos bajo receta. El fármaco que él necesita para tratar su enfermedad es la Calcitonina, droga que se encuentra dentro de las señaladas en la resolución 337.

Pero las promesas no son cumplidas y, otra vez, la realidad es totalmente diferente a la planteada en los papeles. “Hace varias semanas que esta situación me tiene loco. En un primer momento me dirigí a una farmacia ubicada a varias cuadras de mi hogar para poder obtener mis medicamentos. Cuando llegué al establecimiento, me encontré con la situación de que la droga que necesito no estaba disponible. La enfermedad que me aqueja me impide cada día más poder movilizarme de manera autónoma, ya que no poseo un vehículo”, manifestó el jubilado.

Asimismo, Olivari remarcó que al momento de retirar los fármacos, cumplió con todas sus obligaciones administrativas y traía consigo todos los papeles imperiosos. “Fotocopias de mi DNI, de la receta del médico, de mi recibo y mi información sumaria. Todo a mano, pero la respuesta fue esa. ¿Ahora yo qué hago, me sigo tratando con medicamentos de venta libre en los kioscos?”, remató. Aquí la cuestión ya es mucho más grave, un anciano víctima de una enfermedad terminal al cual se le está negando la entrega de sus remedios y tiene que sobrellevar el día a día de alguna forma u otra.

Y así como sucede con Rubén, a lo largo de la ciudad hay vastos ejemplos de ancianos perjudicados en su integridad física. A Irma Pedemonte le ocurre algo similar, con la diferencia que aquí prevalecen las implicancias económicas. Ella es una jubilada domiciliada en la zona céntrica de la ciudad afiliada al PAMI perjudicada con problemas relacionados a su tiroides. Todos los meses Irma es beneficiada con su jubilación mínima que, a duras penas, invierte para asegurarse la canasta básica de alimentos. La droga que ella necesita es la Levotiroxina que, al igual que la Calcitonina, está incluida en la resolución 337.

Aunque, a pesar de lo establecido, todos los meses al momento de retirar sus fármacos, se le factura la mitad del precio total del mismo. No hace falta hacer hincapié en la dificultad que esto representa para Irma, tal como pasa con muchos ancianos en todo el país.

“Gracias a Dios tengo la posibilidad de acceder a mis haberes mínimos todos los meses, pero de igual manera es muy complicado para una mujer como yo, que vive sola, poder llegar a fin de mes sin tener algún inconveniente. A todo eso hay que sumarle lo que me están haciendo con los medicamentos. Me están matando poco a poco”, expresó Irma entre lágrimas. En este caso, la jubilada es víctima de una cobertura imparcial sobre lo que ella necesita para continuar el tratamiento que la aqueja desde hace ya muchos años.

Pero es aquí donde florecen nuevos interrogantes: ¿por qué a Irma se le está facturando la mitad de un medicamento que está dentro de los fármacos cubiertos por la obra social, estipulados en la resolución 337? ¿Es necesario tener que padecer de enfermedades oncológicas o VIH para poder recibir en término y de forma correcta los remedios?

Ante tantas preguntas, son pocas las certezas existentes. La realidad marca un triste presente. Los ancianos, aquellas personas que ya dejaron su huella en el mundo, sufren males que no tendrían que sufrir. Lo más grave de todo es que su salud es la que se encuentra en jaque. Mientras la falta de control necesaria y las autoridades competentes prosigan con su avaricia económica, los abuelos continuarán padeciendo calamidades innecesarias.