Espacios para todos y todas

Rosario ofrece una variada gama de sitios nocturnos para cenar, tomar y bailar. Los dueños de los locales creen poder aplicar el derecho de “admisión y permanencia” a su gusto. Sin embargo, la ley refuerza lo contrario.

(Por Melisa Concepción) La noche rosarina está considerada por los expertos en la materia como una de las que ofrece mayor variedad de sitios para concurrir. Desde temprano se puede salir a cenar, luego tomar algo y terminar la recorrida nocturna en algún boliche o pub. Sin embargo, son reiterados los hechos en que las personas no pueden realizar sus salidas como les gustaría porque son discriminados a la hora de entrar a cierto lugar, ya sea por su color de piel, por la ropa que traen puesta o por su condición sexual. Todo ello a pesar de que existe una ordenanza antidiscriminatoria de 1996 que penaliza esos actos y además en 2012 se aprobó un protocolo para que prime la libertad de ir a donde cada uno quiere en sus salidas.

La ordenanza 6.321/1996 expresa en su primer artículo: “En la Ciudad de Rosario se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación, exclusión, restricción o menoscabo por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción”.

Sin embargo, en distintas oportunidades los dueños de los locales nocturnos (pubs, boliches, entre otros) por boca de sus empleados de seguridad dicen hacer valer en sus espacios el “derecho de admisión y permanencia”. Aunque la ley Nacional N° 26.370 de Espectáculos Públicos en su artículo 11 dice que ese derecho sólo puede ser aplicado cuando “las personas tengan actitudes violentas y provoquen disturbios; hayan consumido estupefacientes o un estado avanzado de embriaguez; porten armas, pirotecnia u otros objetos similares; porten símbolos de carácter racista, xenófobo o inciten a la violencia; la capacidad del lugar se encuentre al máximo autorizado por las normas legales; se haya cumplido el horario límite de cierre del local y sean menores de 18 años, cuando esa edad sea obligatoria según la ley”. Estas situaciones no son precisamente en las que lo aplican los dueños de los lugares.

Por tanto, los hechos discriminatorios que son denunciados continuamente en la ciudad están fuera de cualquier normativa y son los propietarios de los comercios quienes incurren en un ilícito. Por citar algunos ejemplos de los más resonantes en el último tiempo están el de Pamela, una joven rosarina que quiso llevar de recorrida nocturna a dos amigas colombianas, y que fueron discriminadas por el color de piel y la nacionalidad de sus compañeras de salida en el bar Kubrick de Moreno y Córdoba. Otro caso fue el de una pareja gay que fue expulsada del bar Robinson por darse un beso. En Costello no dejaron ingresar a una chica trans por su condición sexual. Y el último hecho público fue cuando en el Patio Cervecero los empleados de seguridad molieron a golpes a dos jóvenes.

Con la existencia de normativas que penalizan dichos actos discriminatorios parecía no ser suficiente. El año anterior, por iniciativa del concejal socialista Pablo Colono se creó una Mesa de Diálogo con gente afectada y distintas organizaciones para poder ir más allá. “En octubre del año pasado hicimos varias reuniones donde participaron los afectados, Vox, Comunidad Trans, Iglesia Adventista de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), la Federación Argentina LGBT, miembros del ejecutivo como la Oficina de Derechos Humanos, Área de la Diversidad Sexual, Dirección de Inspección, Guardia Urbana Municipal (GUM) y Tribunal Municipal de Faltas. La reunión fue para  ­modificar puntos de algunas ordenanzas y obtener mayores respuestas ante los casos de discriminación en espacios abiertos al público”, contó Colono.

El concejal impulsor de las modificaciones a las normativas existentes, expresó que quisieron cambiar en las ordenanzas “aumento de montos, de sanciones y generar un taller de sensibilización sobre el tema antidiscriminación para los propietarios de los lugares que cometen las infracciones”.

“Había que modificar algunos decretos, en cuanto a la clausura, ya que en ese punto no existía el tema antidiscriminación y por eso lo incluimos”, amplió el socialista. Lo último que se acordó fue que, en el caso que se diera el cierre del sitio por discriminación, se debe colocar una faja donde se lea el motivo y así generar mayor visibilización. A lo propuesto por la Mesa de Diálogo y Pablo Colono también se unieron los distintos bloques políticos dentro del Concejo, y terminó siendo aprobada por unanimidad la ordenanza N° 8.977/2012.

La nueva norma plantea en su primer artículo: “Todo acto de discriminación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género y/o su expresión, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia que tienda a la segregación, exclusión, menoscabo o que implique distinción, llevado a cabo en espectáculos o lugares abiertos al público, bares, confiterías y discotecas, o cualquier otro lugar con atención y/o acceso al público, en forma explícita o a través de un ejercicio arbitrario del derecho de admisión será sancionado de la siguiente forma: multa de 1940 a 3000 pesos y clausura del local de 7 a 30 días la primera vez que incurra en la falta; multa de 2400 a 4000 pesos y clausura de 30 a 180 días en caso de reincidencia; asistencia obligatoria para los propietarios, representantes legales y personal del local sancionado a un Curso-Taller de Sensibilización referido a la temática que generó la falta, dictado por el área municipal correspondiente en concurso con las organizaciones que trabajen la temática”.

De igual manera, Colono no descarta que más allá de que haya sido aprobada en el Concejo una ordenanza y quede en el Decreto Reglamentario de la Municipalidad, siempre hay que estar en alerta para el cumplimiento. El concejal resaltó: “La GUM se comprometió en llevar adelante esta ordenanza lo más fuerte posible en acuerdo y consenso con las distintas organizaciones”. Como Argentina es un país donde se pone de manifiesto el dicho “hecha la ley hecha la trampa”, Colono concluyó: “Los logros que podamos tener en cuanto a leyes, ordenanzas, decretos, hay que fortalecerlos con una fuerte acción cultural en cuanto a la igualdad de las personas”.

Guillermo Lovagnini, presidente de Vox Asociación Civil y miembro de la Mesa de Diálogo para la nueva ordenanza, recordó que desde el Colectivo Arco Iris que él fundó para lucha por los derechos LGBT, se impulsó la norma 6.321 y que si bien rigió hasta hace poco, la misma era una declaración de principios ya que no penalizaba los actos discriminatorios, como sí lo hace la nueva.

“Estamos hablando para que la nueva ordenanza se conozca y queremos instruir a la GUM sobre lo que trata el decreto, con la intervención de Vox y el Área de la Diversidad Sexual”, comenzó diciendo Lovagnini. El referente LGBT además comentó de la importancia de visibilizar la discriminación de cualquier índole. “En cualquier caso de discriminación hay que denunciar y luego hacer un seguimiento para ver si se cumple la ordenanza”, sentenció.

Vías para denunciar formalmente

Para efectuar una denuncia por actos de discriminación, se puede llamar a la GUM (0800-444-0909), o bien acudir al Área de Diversidad Sexual para recibir asesoramiento. La oficina está en Buenos Aires 856, el teléfono es el 480-2444 y el mail: diversidad@rosario.gov.ar.